Representatividad política, la cristalización de una sociedad en el olvido*

Pareciera ser y en base a un análisis retrospectivo sobre los acontecimientos políticos de los últimos tiempos en nuestro país, que la política en El Salvador transita sobre un sendero de sentido único, enhorabuena, lo hace sobre el camino de un progresivo avance en la democratización formal y el fortalecimiento de sus instituciones, pero es importante destacar que las causas que motivaron a lo anterior tiene profundas raíces en la incapacidad del sistema de representación política anterior para responder de manera efectiva en la transformación a partir de la herramienta política de aquellas condiciones de precariedad social y económica en las cuales se encuentra inmersa una gran mayoría de la sociedad salvadoreña.

Quien escribe cree firmemente de esta manera ya que estoy seguro que son estos procesos reivindicativos y constantes en nuestra sociedad los que han permitido adaptar a nuestra política a variantes y pujantes contextos que exigen ser abordados bajo parámetros cada vez más legítimos de  representatividad, lo cual entiende una mayor democratización y profesionalización al interior de los instrumentos puestos al servicio de dicha función, hablo específicamente del pilar de la representatividad en nuestro sistema político: los partidos políticos.

El 16 de enero de 1992 debe ser comprendido en este sentido como una importante bisagra en cuanto a la capacidad de adaptabilidad del sistema de representatividad política frente a los cambios sociales ocurridos en El Salvador, lo anterior es visible con aquel importante hecho que determina en más nuestra historia moderna y que son los Acuerdos de Paz firmados en el castillo de Chapultepec, Ciudad de México y mediante los cuales las fuerzas protagonistas beligerantes posterior a una serie de negociaciones llegan a la conclusión que un conflicto civil y armado ha dejado de ser viable y es contraproducente como mecanismo de  representación de los intereses de una sociedad enfrentada por dos modelos políticos y antagónicos y que exige ahora de consensos como medios al progreso. La paz política en El Salvador sienta en este sentido las bases para la construcción en adelante,  de un edificio que tipificado en clave de Robert Dahl  no es más que el conjunto de aquellas instituciones políticas que constituyen una poliarquía.

Con la periodicidad y apertura del juego electoral, el sistema de representación política en El Salvador toma un giro diferente al imperante durante la década de 1980, la política y su carácter institucional en las elecciones es vista ahora como el soporte legítimo que conduce al consenso y la decisión. Es entonces y como a partir del establecimiento de las nuevas reglas del juego, el sistema de representatividad política en El Salvador permite la disputa de intereses en el plano electoral, siendo el voto el principal instrumento de elección popular y mediante el cual durante 4 gestiones gubernamentales y por un período de 20 años el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) logra erigirse como el instituto político más apto y legítimamente electo para conducir al país en medio de un crispado y polarizado escenario social producto de un conflicto armado de 12 años y que reclama para sí el binomio gobernabilidad y ciudadanía como única solución a las condiciones de vida que propician a  una preocupante situación de conflictividad.

Al ver insatisfechas –por lo tanto no canalizadas políticamente- dichas condiciones, la situación y el contexto habilitan al electorado salvadoreño para que en el año 2009 determine a partir del uso del poder del voto la alternancia en el poder ejecutivo a partir de la elección legítima y popular del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) como partido de gobierno, esto frente a una erosionada estructura partidaria de la derecha política en El Salvador, la cual ha sido víctima de su incapacidad en la adaptación y respuesta a los nuevos tiempos en la sociedad salvadoreña. Con la alternancia en el poder, el FMLN se constituye entonces como la mejor opción para aquella demandante sociedad  salvadoreña que exige como en el pasado que sea la decisión política aquella que lleve adelante las transformaciones necesarias en sus condiciones de vida, alterando una vez más el mapa de representación política en El Salvador, este relevante suceso forma parte a su vez de  un conjunto de engranajes que constituyen el devenir histórico en la representatividad política de nuestro país.

Pero no ha sido únicamente la alternancia en el poder ejecutivo la que ha reconfigurado la palestra representativa en los últimos dos años, lo ha sido también al interior del poder legislativo  la escisión de 12 diputados del partido ARENA y la posterior conformación de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), su importancia en la política nacional deviene al presentarse como una opción partidaria novedosa que despega de aquellos preceptos que constituyen tanto el plano discursivo como de la acción política al histórico y principal referente de la derecha nacional. Por otro lado al interior del poder judicial, se establece una clara autonomía de la decisión de justicia frente a los intereses político-partidarios, independencia en la toma de decisiones que puede ser corroborada en los acontecimientos recientes con la sanción de los decretos 939 y 940 que aglutinan a su interior una serie de reformas sobre el código electoral salvadoreño y establecen de forma novedosa y a partir de un marco normativo inusitado, diferentes opciones en la elección de representantes políticos en la asamblea legislativa, esto a partir de la apertura en las diputaciones no partidarias y el establecimiento de listas abiertas y desbloqueadas como mecanismos de votación, haciendo del acto del sufragio electoral una verdadera instancia de elección democrática en la cual el electorado se ve frente a una serie de opciones mediante las cuales haciendo uso de su voto puede incidir determinando la composición de aquello que fuera llamado por Jurgen Habermas como la “caja de resonancia” que no es más que el parlamento, esto a partir de la selección de representantes políticos idóneos en su papel de voceros respecto a los intereses en disputa al interior de la sociedad.

Todos y cada uno de los hechos recientes, en conjunto, deben ser comprendidos como elementos suficientes para evidenciar la urgente necesidad sobre los reparos en la deficiencia de nuestro imperante sistema de representatividad política. Así como en el pasado los acuerdos de paz y el establecimiento de las instituciones democráticas mediante elecciones pusieron por fin al conflicto armado como medio efectivo para la resolución de las crisis sociales y económicas, así mismo la apertura democrática al interior de los institutos políticos con la elección desbloqueada de sus candidatos por parte del electorado, nos debe conducir y estoy seguro que así será, a la indiscutida necesidad de profesionalizar nuestros cuadros políticos, haciendo de la política salvadoreña una herramienta que pueda caracterizarse en su efectividad para la resolución de aquellos problemas de carácter estructural que han motivado desde siempre a que nuestra representación política se mantenga en una constante evolución, de esta manera podremos responder finalmente a una histórica deuda con nuestra pueblo salvadoreño, esto es, representarle políticamente.

* Artículo de opinión publicado el día Martes 20 de diciembre de 2011 en el sitio web: www.politiquiando.com

¿Frente a una época de cambio o al cambio de una época?*

Hace muy pocos días tuve la grata oportunidad de participar como uno de los delegados de mi país en el "1er Encuentro de Formación de Cuadros Juveniles de la Patria Grande", evento desarrollado en la ciudad de Buenos Aires y organizado por la Secretaría General Presidencia de la Nación con el apoyo de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR).

Dicho encuentro permitió albergar y establecer el intercambio de experiencias políticas de un nutrido grupo de jóvenes que en representación de 12 países de la región Latinoamericana y el Caribe, dedicaron una semana a la discusión en torno a los retos y oportunidades que se abren a la integración regional, estableciendo de carácter prioritario la imperante necesidad en la profundización del modelo político, económico y cultural que actualmente caracteriza a nuestra región Latinoamericana, teniendo en consideración todo el apoyo necesario a las luchas populares en aquellos países en donde los procesos aún se encuentran al margen de las transformaciones que enhorabuena nuestra región atestigua.

Y es que no cabe duda, nos encontramos frente a lo que muchos han denominado como el “momento latinoamericano”, fuertemente respaldado al interior de un contexto global en el cual somos espectadores del resquebrajamiento de la gobernabilidad política y la gobernancia económica hegemonizante de aquellos países otrora “desarrollados” afectados por el desencadenamiento de una crisis económica que ha devenido política y finalmente caracterizada por la eclosión social que define el ambiente de época de los estados europeos en la actualidad.

Será a partir de esta crisis la que como disparador nos permitirá reflexionar por sobre los procesos de integración como verdaderos motores para la productividad y el desarrollo pero también para la participación y la inclusión democrática de los pueblos que forman parte de ella. Se hace necesario en primer lugar reconocer los avances que Europa ha dado en materia de integración regional a partir de 1993 y que la han dotado de un avanzado proceso en la integración política y económica, no obstante las bases de esta fuerte interdependencia han mostrado ser vulnerables a los vaivenes del sistema económico-financiero imperante a nivel global, poniendo en cuestión el modelo europeo como panacea a los problemas de la integración.

Latinoamérica como región emergente en la nueva distribución de poder global debe forjarse para sí un proceso de integración acorde a sus características en el nuevo mundo, esto es, basado en el intercambio comercial que en primera instancia constituye el motor a la unidad, pero en el marco de un sistema económico dotado de una novedosa arquitectura financiera que rompiendo con viejos esquemas de una división internacional del trabajo posibilite el surgimiento de un Banco de Desarrollo regional, el cual inyectando dinamismo a la productividad permita ser garantía necesaria en favor del poder político por el rescate de la soberanía alimentaria, energética, en salud, educación para los pueblos de la América Latina. Sin embargo lo anterior y al ser concebido como un proceso de plazos de mediano y largo alcance, requiere de la estabilidad en la decisión política de gobiernos que guíen y profundicen el proyecto regional por el camino del progreso de los pueblos. La América Latina de hoy en día posee muchos más elementos que la unen de aquellos que la separan, lejos estamos de otros marcos históricos en los cuales las relaciones entre los países se encontraba supeditada por la disputa y la competencia, socavando entonces un intercambio de complementariedad y que en solidaridad permite echar por tierra hipótesis de conflicto poniendo trabas a un proceso de unidad regional en el marco de paz estable, condición sine qua non para un óptimo intercambio entre las naciones.

De la valiosa oportunidad que nos ofrecen los tiempos en curso, se desprende la necesidad en “institucionalizar los procesos de cambio” -como citara la presidenta Argentina en sus recientes intervenciones públicas-, esto es, incorporando a estos procesos a la sociedad latinoamericana en su conjunto para que conscientes de los avances de los nuevos tiempos, permitan apropiarse para sí la necesidad de defender un modelo político que habilita al bienestar en su calidad de vida, esto a partir de las relaciones cada vez más justas y redistributivas aplicadas por la política de la nueva ola de los gobiernos de corte de izquierda progresista en la región, marcando un fuerte contraste que se hace necesario enfatizar respecto de aquellas otras administraciones encargadas en desarticular la matriz político-céntrica característica de nuestra sociedad Latinoamericana, despojando en consecuencia toda acción política a vastos sectores en la región que hoy en día y paulatinamente vuelven a incorporarse a la lucha en el campo de las ideas, contrario y en paralelo a lo que ocurre  en Europa y los Estados Unidos con el surgimiento de un fuerte movimiento social de escepticismo respecto de la herramienta política como efectivo instrumento para el cambio, reflejado en su fuerte poder de convocatoria en calidad de protestas masivas pero que son débiles en la incidencia por sobre el aparato político en sus respectivos países, y habilitando en definitiva beneficios para determinados actores que ven con buenos ojos para sus intereses los movimientos de "indignación" en la coyuntura política.

Es entonces de carácter primordial que los gobiernos en turno en nuestra región, puedan volcar la integración como una cuestión de interés para nuestras sociedades, transmitiendo a partir de las redes ideológicas y superestructurales de los Estados, principalmente del sistema educativo, la importancia de empezar a observar a América Latina como el gran aliado que en unidad permitirá consolidar los pilares del desarrollo regional: esto es la integración como condición de crecimiento e igualdad, rompiendo entonces con el esquema paradójico de ser la región más rica pero más desigual del mundo.

La crisis Europea nos deja muchas lecciones en su proceso de integración, despeguemos entonces de una vez de estas matrices, consolidando y fortaleciendo nuestro proyecto regional sobre las bases del interés de los pueblos y no del mercado que a esta altura de los sucesos históricos se consolida como una relación excluyente, dotemos institucionalización a nuestro proceso de unidad legitimando desde lo político los avances que los gobiernos regionales en turno han aportado al momento latinoamericano, hagamos desde lo social, lo político, lo económico y cultural el cambio de época para la América Latina.

*El título remite a la declaración hecha por el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa en una visita que hiciese en el año 2009 a la República de Cuba.

Identidad como un derecho universal

Un significativo e importante avance en materia de desarrollo y calidad de gobernanza es lo que el presidente de la República Mauricio Funes ha establecido a partir de su discurso inaugural en el recién celebrado taller de gestión de la identidad: “Identidad Legal para Formación de Capital Humano y Crecimiento” organizado por el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


Lo anterior a partir del énfasis puesto por el mandatario sobre el papel del Estado Salvadoreño como garante en la otorgación del derecho legítimo de la identidad a sus habitantes a través de una re conceptualización crítica sobre la función que tradicionalmente ha cumplido el RNPN y al cual se ha referido en esta ocasión como un instrumento de inclusión social y acceso a una ciudadanía plena para aquellos salvadoreños y salvadoreñas que en la actualidad no gozan de su pleno derecho de identidad.

Son oportunas en este sentido las palabras del presidente de la República cuando según el Inventario de los registros civiles e identificación de América Latina y el Caribe – BID (Septiembre de 2010) El Salvador registra una Tasa de sub registro de nacimiento (0-5 años) de 9,8% y una Tasa de indocumentación de 4,6% entre mayores de 18 años , llegando a ser un total de aproximadamente 600,000 habitantes que en la actualidad no poseen acceso a la identidad y en consecuencia se ven privados del goce de sus respectivos derechos y deberes ciudadanos, constituyendo lo anterior un verdadero reto a nivel de gobernabilidad para el Estado Salvadoreño el cual tiene como exigencia inmediata un combate efectivo a la marginalidad en el marco de una ciudadanía plena de la cual se han visto excluidos un importante sector de nuestra población y que en su mayoría comparten características socioeconómicas similares correspondientes a las altas tasas de pobreza, analfabetismo y pertenecientes o ligados a grupos étnicos indígenas.

Es por este motivo que se hace necesario destacar y felicitar la decisión política tomada por el presidente Funes durante su discurso y que ha sido reflejada con anterioridad en la práctica a partir de la destacada gestión que el actual presidente del Registro Nacional de las Personas Naturales Fernando Arturo Batlle ha venido desempeñando al interior del Registro a partir de la consecución de proyectos relevantes para el cumplimiento del derecho de identidad y que abona a un proceso que si bien inicia, involucra la modernización de la institución en su función vinculante entre Estado y Sociedad. Parte de estos proyectos por mencionar algunos son: Ferias de identidad, Proyecto de identificación de la población indígena (en la zona occidental del país), Proyecto de identificación de las personas detenidas en centros de adaptación para mujeres, entre otros.



Somos conscientes que si bien lo anterior es reconocido como un avance en materia, se hace necesario impulsar el motor de cambio para convertir del RNPN un registro de datos en un verdadero canal de vinculación e inclusión de las comunidades mas excluidas del país, para lo cual se hace necesario del aporte y financiamiento económico en inversión social por parte del Estado Salvadoreño a partir de una adecuada asignación y designación del desembolso presupuestario haciendo cumplir la planificación fijada por la institución para la superación de los desafíos que hoy por hoy atraviesa.
Esperamos en este sentido poder en un corto plazo disfrutar de políticas públicas que reparen sobre esas grietas de identidad y que en un largo plazo sean evidentes en la sostenibilidad de un desarrollo social y humano al interior de una sociedad Salvadoreña diversa e inclusiva.